Diversas organizaciones, entre las que se destaca la colectiva Cambiémosla Ya, han instado a los actores políticos clave −la Suprema Corte, las candidaturas presidenciales, el Congreso y la Secretaría de Economía− a consolidar los progresos alcanzados con la nueva Ley de Minería y a resistir cualquier influencia corporativa en la regulación de esta actividad económica.
Destacan que la nueva legislación, en vigor desde hace un año, está bajo revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, han solicitado al ministro Alberto Pérez Dayán que, en su proyecto de resolución, priorice los derechos de los defensores ambientales, así como de los pueblos y comunidades que han protegido su territorio y frenado la apropiación ilegal de tierras y recursos naturales, práctica sistemáticamente amparada por la Ley Minera de 1992.
En relación con los aspirantes presidenciales, las comunidades y defensores del medio ambiente agrupados en Cambiémosla Ya han calificado como "desafortunadas" las declaraciones de Xóchitl Gálvez, a quien acusan de "demonizar la minería", cuando el objetivo es regularla y reducir sus impactos, no favorecer los intereses del sector minero.
En cuanto al candidato Jorge Álvarez Máynez, han criticado su propuesta de "poner precio a la naturaleza y a la vida para ofrecerlas al mejor postor", al proponer un "impuesto verde" para compensar los efectos negativos dejados por los proyectos mineros en todo el país.
Las organizaciones han expresado preocupación por las "reuniones a medida" organizadas por el supuesto enlace de medio ambiente de la candidata Claudia Sheinbaum con la industria minera, donde participan cabilderos y miembros tanto de la Cámara Minera como de Grupo México, quienes sugieren que la nueva Ley Minera será descartada y reemplazada por una redactada de la mano de las empresas mineras que deben ser reguladas.
Cambiémosla Ya también ha denunciado el incumplimiento por parte de la Secretaría de Economía de su obligación de publicar el reglamento que acompaña la entrada en vigor de la nueva Ley de Minería, ya que ha transcurrido un año desde el plazo de 180 días establecido para ello. Este reglamento debe definir de manera clara las obligaciones derivadas de las concesiones mineras vigentes otorgadas antes de la aprobación de la Ley de Minería de 2023.
Fuente: La Jornada
